El Poder Judicial (PJ) ha dictado una orden de 18 meses de prisión preventiva contra el conocido conductor de televisión y excomediante, Andrés Hurtado, mejor conocido como “Chibolín”, como parte de una investigación en curso que lo vincula a los delitos de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. Esta decisión se tomó en respuesta a la solicitud presentada por el Ministerio Público, que argumentó la existencia de un peligro procesal que justificaría la privación de su libertad mientras se esclarecen los hechos.
La resolución judicial, emitida por el juez Juan Carlos Checkley, establece que Hurtado será trasladado en los próximos días a un centro penitenciario, donde permanecerá hasta el 18 de marzo de 2026, cuando se cumplan los 18 meses de prisión preventiva. La medida busca garantizar que el presentador no interfiera con las investigaciones en su contra y se mantenga disponible para los procesos judiciales.
«Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva, formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados», se lee en el documento oficial emitido por el Poder Judicial.
Sin embargo, en el mismo fallo, el juez rechazó la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, quienes también están implicados en el caso. En lugar de eso, ambos enfrentarán un régimen de comparecencia con restricciones, lo que significa que podrán permanecer en libertad, pero deberán cumplir ciertas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o acercarse a determinadas personas, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
### Suspensión de la jueza Paola Valdivia
El caso de Andrés Hurtado ha tenido repercusiones más allá de los implicados directos. En un giro adicional, la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, perteneciente a la Corte Superior de Lima, ha sido suspendida de sus funciones por un período de seis meses. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de su Unidad de Procedimiento Disciplinario, adoptó esta decisión en el marco de la misma investigación que involucra a Hurtado por tráfico de influencias.
La ANC-PJ señaló que a la magistrada Valdivia Sánchez se le atribuyen «faltas muy graves» que incluyen, entre otras cosas, el uso de un lenguaje inapropiado en intervenciones públicas y la presunta remodelación irregular de un departamento. Esta medida cautelar tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario en su contra y garantizar la efectividad de la resolución final. En ese sentido, la ANC-PJ basó su decisión en normas establecidas en la Constitución y en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario.
Uno de los incidentes que contribuyó a la suspensión de la jueza fue una llamada telefónica que hizo y en la cual utilizó un lenguaje vulgar, insultando y lanzando amenazas en un intento de frenar las investigaciones periodísticas que la involucraban. Esta llamada, que fue grabada y luego difundida por el canal Willax, reveló una serie de improperios dirigidos contra el periodista Umberto Ortiz y el conductor Beto Ortiz. En la conversación, la jueza mencionó tener imágenes comprometedores en su poder que podrían perjudicar a sus críticos.
«Yo tengo todas las imágenes que el extorsionador de Beto (Ortiz) no ha sacado. Del Estudio Muñiz desde Ugaz. Así que, que me toque y yo hablo», se le escucha decir en la grabación.
Otro detalle que ha salido a la luz es que la jueza Valdivia, en una entrevista previa, admitió que Andrés Hurtado había «remodelado» un departamento de su propiedad ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre. Sin embargo, días después, intentó desdecirse de sus propias palabras, afirmando que lo que quiso decir es que Hurtado solo le había dado sugerencias para la remodelación y que no había ejecutado ninguna obra en su vivienda.
La suspensión de la jueza Valdivia Sánchez refuerza el enfoque del Poder Judicial en investigar a fondo este complejo caso que involucra figuras públicas y funcionarios de alto nivel. Mientras tanto, Andrés Hurtado, quien se ha visto envuelto en esta delicada situación, deberá enfrentar su proceso tras las rejas, a la espera de una resolución definitiva sobre las acusaciones que pesan en su contra.
