Con un respaldo unánime de 98 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la concesión de una bonificación especial de 380 soles para docentes y auxiliares, tanto nombrados como contratados, que laboran en instituciones de educación básica y técnico productiva. Este beneficio económico, que no contó con votos en contra ni abstenciones, fue impulsado por el Ejecutivo, específicamente a través del ministro de Educación, Morgan Quero.
La medida está dirigida a aquellos docentes y auxiliares que prestan sus servicios en las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales. También se incluye en este beneficio a los profesores que trabajan en instituciones educativas de educación básica bajo la gestión del Ministerio de Defensa. Este grupo de educadores será el principal beneficiario del bono extraordinario, que tiene como objetivo reconocer su labor en el sector educativo.
El Pleno del Congreso también aprobó la excepción de los ministerios involucrados, es decir, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y el Ministerio de Defensa, de las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 31953, que corresponde a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. Esta excepción fue fundamental para la viabilidad del bono, permitiendo su implementación sin contratiempos legales o administrativos.
Es importante subrayar que esta bonificación de 380 soles no tiene naturaleza remunerativa, es decir, no se considera parte del salario base de los beneficiarios. Además, no tiene carácter pensionable, lo que implica que no se integrará en el cálculo de pensiones futuras. Asimismo, el bono está exento de cargas sociales y no formará parte de los beneficios laborales habituales, como las gratificaciones o compensaciones.
Otra consideración relevante es que este bono no se utilizará como base para calcular la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni para cualquier otro tipo de asignaciones o entregas económicas adicionales. Esto significa que su impacto se limita al pago puntual de la bonificación, sin efectos a largo plazo sobre los derechos laborales de los beneficiarios.
La aprobación de este bono extraordinario fue posible gracias a una interpretación clave realizada por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2023. El Tribunal interpretó un artículo de la Constitución que permitió que el Congreso tuviera la facultad de emitir leyes con iniciativa de gasto, algo que había sido limitado anteriormente. Esta interpretación constitucional fue crucial para que el Congreso pudiera legislar en favor del sector educativo, permitiendo la implementación de medidas como este bono.
En resumen, la aprobación de esta bonificación representa un reconocimiento significativo a la labor de los docentes y auxiliares en el sistema educativo peruano, especialmente en un contexto en el que se busca fortalecer el apoyo a los profesionales de la educación. La medida, respaldada por el Congreso y habilitada por una decisión del Tribunal Constitucional, subraya el compromiso del Estado peruano con la mejora de las condiciones laborales en el sector educativo.