La muerte del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Darwin Condori Antezana, principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Cóndor, ha generado una ola de controversia y cuestionamientos en torno a la actuación de la propia institución policial. Las fallas detectadas en el cumplimiento de los protocolos oficiales de investigación han despertado dudas sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento, planteando interrogantes sobre si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros.
El cuerpo de Condori fue hallado en la habitación de un hostal ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Según el informe preliminar, el suboficial habría sido encontrado suspendido por una correa atada a un soporte de televisor, lo que inicialmente apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, el reporte oficial describió otras lesiones en el cadáver, incluyendo una herida cortante en la muñeca izquierda, hematomas en diversas partes del cuerpo y un surco en el cuello compatible con ahorcamiento. Estas evidencias se encuentran bajo evaluación para determinar la causa real de su muerte y descartar cualquier posibilidad de homicidio.
Gustavo Dávila, un reconocido criminólogo consultado por medios locales, criticó la actuación de los efectivos policiales que descubrieron el cuerpo. Según Dávila, el procedimiento adecuado ante un hallazgo de esta naturaleza habría implicado asegurar el ingreso inmediato de expertos forenses, preservar estrictamente la escena y realizar una recolección minuciosa de indicios. “La falta de cumplimiento de estos protocolos no solo perjudica la investigación, sino que también genera desconfianza sobre posibles encubrimientos o irregularidades”, afirmó el especialista.
Por su parte, Aarón Alemán, abogado de la familia de Sheyla Cóndor, expresó serias dudas respecto a las circunstancias en que se produjo la muerte de Condori. Según Alemán, existen indicios que podrían sugerir que el suboficial recibió ayuda para escapar o incluso fue silenciado para evitar que revelara información comprometedora sobre el feminicidio. El abogado subrayó que las investigaciones deben profundizar en la posibilidad de que Condori no actuara solo, sino que estuviera protegido por una red de corrupción dentro de la institución policial.
Un elemento clave que podría arrojar luz sobre este caso es una carta que, según informes preliminares, Condori habría dejado antes de su muerte. Gustavo Dávila recomendó que este documento sea sometido a un exhaustivo análisis pericial antes de ser entregado a la familia, ya que podría contener detalles relevantes sobre su participación en el feminicidio de Sheyla Cóndor y otros posibles implicados.
El general Marco Antonio Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), confirmó que las autoridades están manejando la hipótesis de suicidio, aunque indicó que será la necropsia la que determine con precisión la causa de muerte. También señaló que Condori se había registrado en el hostal utilizando un DNI falso, lo que evidencia una clara intención de eludir a las autoridades.
Este caso ha puesto nuevamente en evidencia problemas estructurales dentro de la PNP, como la falta de controles internos y posibles redes de encubrimiento que podrían haber facilitado la fuga de Condori. Además, plantea preguntas sobre las deficiencias en la supervisión de efectivos policiales involucrados en crímenes graves.
Mientras tanto, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público están trabajando de manera conjunta para esclarecer tanto el feminicidio de Sheyla Cóndor como las circunstancias que rodearon la muerte de Condori. Las investigaciones no solo buscan determinar si Condori actuó de manera individual o formaba parte de una red más amplia, sino también garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Este trágico caso resalta la necesidad de una reforma profunda en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, con el objetivo de evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.