La presidenta Dina Boluarte presentó detalles sobre los acuerdos alcanzados en el reciente Consejo de Estado, donde se discutieron nuevas estrategias para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país. La mandataria anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia, incluyendo el aumento de penas, el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas en actividades de extorsión y el apoyo especial a quienes colaboran en las investigaciones.
Entre las principales medidas anunciadas, Boluarte destacó la importancia de ofrecer una protección especial a aquellos ciudadanos que, como víctimas, testigos o denunciantes, colaboran en casos de sicariato, extorsión y operaciones de bandas criminales. Según indicó, esta protección incluirá resguardo para los informantes y testigos clave, con el fin de animar a más personas a colaborar sin temor por su seguridad.
Otro punto fundamental fue el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora tendrá facultades para congelar las cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores. “La UIF tendrá la capacidad de identificar y congelar aquellas cuentas vinculadas a actividades delictivas, especialmente en casos de extorsión, para evitar que los criminales puedan acceder a los fondos que obtienen de forma ilícita”, explicó Boluarte ante los medios de comunicación. Con este mecanismo, se espera cortar el flujo de dinero que financia muchas de estas redes criminales.
Boluarte también abordó la problemática relacionada con el ingreso irregular de extranjeros al país. En este sentido, se aplicará un endurecimiento de las penas para aquellos extranjeros que, tras haber sido expulsados, intenten ingresar de nuevo al país de manera ilegal. “Estamos estableciendo mayores sanciones para los extranjeros que vuelvan a ingresar después de ser expulsados por cometer delitos. No permitiremos que quienes hayan violado nuestras leyes puedan retornar sin consecuencias”, enfatizó.
Por otro lado, la presidenta anunció que se destinarán nuevos recursos a mejorar la infraestructura penitenciaria. Esto incluye la ampliación de paneles de seguridad, la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y una reorganización integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Estas reformas buscan atender el hacinamiento en los centros de reclusión y mejorar la seguridad dentro de los mismos, permitiendo una gestión más efectiva de los internos y de las actividades penitenciarias en general.
En otro aspecto de las medidas, Boluarte se refirió al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su deber. De acuerdo con la nueva normativa, los agentes y militares que utilicen sus armas reglamentarias en situaciones operativas serán juzgados exclusivamente en el fuero policial y militar, y no en el sistema judicial ordinario. Para ello, será necesario un informe previo de la Inspectoría, como requisito indispensable para proceder con cualquier proceso judicial. “El fuero policial y militar será el encargado de evaluar los casos en los que los agentes hagan uso de su armamento de reglamento, siempre y cuando sea en el cumplimiento de sus funciones y con el respaldo de un informe de Inspectoría”, afirmó Boluarte.
Estas disposiciones se han impulsado en respuesta al incremento de delitos violentos y al crecimiento de organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. La presidenta hizo hincapié en que el objetivo es brindar tranquilidad a la ciudadanía, que actualmente vive en un clima de miedo e incertidumbre ante la escalada de violencia. Según Boluarte, esta serie de medidas busca no solo reducir los índices de criminalidad, sino también restaurar la confianza de la población en las instituciones encargadas de su seguridad.
La presidenta concluyó reiterando el compromiso de su gobierno en la lucha contra la delincuencia y la protección de los ciudadanos. Estos esfuerzos, afirmó, son solo el inicio de un plan más amplio que se implementará en los próximos meses para frenar la inseguridad y recuperar la paz en el país.