El gobierno de Dina Boluarte anunció la prórroga del estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao por un periodo adicional de 45 días. Según confirmaron fuentes del Ejecutivo a RPP Noticias, esta decisión busca intensificar los esfuerzos para combatir la extorsión y el sicariato en las zonas más afectadas.
El decreto supremo oficializando la medida fue publicado en el diario El Peruano. Los distritos involucrados en esta prórroga son Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, además de Ventanilla, en el Callao.
Sin toque de queda en Navidad y Año Nuevo
Pese a la extensión del estado de emergencia, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, descartó la implementación de un toque de queda durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en estas jurisdicciones. En diálogo con RPP Noticias, Zanabria señaló que esta medida no sería viable debido a la falta de personal suficiente para su cumplimiento.
“La Policía no cuenta con los efectivos operativos necesarios para garantizar un toque de queda en una ciudad tan extensa como Lima. Esto ya quedó demostrado durante la pandemia de COVID-19. Para controlarlo, necesitaríamos triplicar el número de policías que actualmente tenemos en la capital”, explicó Zanabria.
Además, destacó la falta de cumplimiento cívico como un desafío adicional. “Si anunciamos que el 24 de diciembre no habrá actividades festivas, lamentablemente sería letra muerta. No podemos cerrar media Lima para controlar la situación, y menos el 31 de diciembre”, añadió.
Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian?
El estado de emergencia es un régimen de excepción establecido por el artículo 137 de la Constitución peruana. Se aplica en casos de disturbios graves, desastres naturales o situaciones críticas que afectan al país. Durante este periodo, se pueden restringir derechos como el libre tránsito y la reunión, aunque las garantías básicas siguen vigentes.
Por otro lado, el toque de queda implica la inmovilización obligatoria de los ciudadanos en horarios específicos, permitiendo salidas solo para emergencias o compras esenciales. No cumplir con esta medida puede conllevar sanciones penales y civiles, incluidas penas de prisión de tres a seis años por desobediencia a la autoridad.
Con esta prórroga del estado de emergencia, las autoridades buscan reforzar la seguridad en las zonas más vulnerables, aunque han descartado medidas más restrictivas como el toque de queda en estas fechas festivas.
