El ministro de Defensa, Wálter Astudillo, anunció hoy la declaración del estado de emergencia en once distritos de Lima y uno del Callao, como respuesta directa a la creciente ola de extorsiones, asesinatos y actos violentos que afectan principalmente a transportistas y comerciantes. Esta medida busca reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por el crimen organizado en la capital y el puerto.
Los distritos de Lima incluidos en esta medida son Ate, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Lurigancho. Estos once distritos representan algunas de las áreas más densamente pobladas y vulnerables de la ciudad. En el Callao, el distrito de Ventanilla es el único que entra en este estado de emergencia, debido a los altos niveles de criminalidad y extorsión que se han reportado en la zona. Esta decisión surge tras un exhaustivo análisis del paro de transportistas y los reportes de violencia recibidos.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también se pronunció sobre la implementación de esta medida, destacando que los militares se unirán a las fuerzas policiales para llevar a cabo labores conjuntas de patrullaje y seguridad ciudadana. Los soldados, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), se encargarán de recorrer las calles, plazas y mercados de estos distritos, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la presencia del Estado en áreas críticas. Según Santiváñez, esta colaboración será esencial para restablecer el orden y enfrentar directamente la ola de crímenes que afecta a los ciudadanos, particularmente a los transportistas y comerciantes, quienes han sido blanco de amenazas, extorsiones y asesinatos.
Además de las medidas de seguridad inmediatas, Santiváñez anunció la creación de un equipo especial dedicado a la lucha contra la extorsión, conformado por 100 agentes altamente capacitados, que trabajarán en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Este equipo tendrá la tarea de identificar, desmantelar y capturar a las organizaciones criminales responsables de las extorsiones que han sembrado el miedo en varias comunidades de Lima y Callao. Su trabajo será fundamental para atacar el problema de raíz y brindar justicia a las víctimas.
En el plano legislativo, el ministro del Interior informó que el gobierno ha presentado un conjunto de proyectos de ley al Congreso con el fin de endurecer las penas para los delitos más graves asociados al crimen organizado. Uno de los proyectos de ley busca imponer la cadena perpetua para los delitos de sicariato y extorsión, dos crímenes que han incrementado su incidencia en los últimos años y que ahora serían castigados con la máxima pena permitida por la ley. Además, este proyecto incluye medidas de protección para los denunciantes, como la reserva de identidad, con el objetivo de fomentar las denuncias sin exponer a quienes colaboran con las autoridades.
Otro proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo tiene como propósito crear una nueva figura legal: el terrorismo urbano. En este delito se incluirían acciones como el sicariato, el secuestro y la posesión ilegal de armas de fuego, todos ellos considerados amenazas graves para la paz y el orden público. Con esta nueva legislación, se pretende equiparar ciertos delitos del crimen organizado con actos de terrorismo, lo que permitiría aplicar sanciones más severas y procedimientos legales más rápidos y contundentes.
Por otro lado, Santiváñez adelantó que el gobierno está trabajando en la creación de una procuraduría supraprovincial especializada en la lucha contra la extorsión. Esta nueva entidad estaría enfocada en perseguir y llevar ante la justicia a las bandas criminales que operan en múltiples jurisdicciones, asegurando una respuesta más ágil y coordinada contra el delito de extorsión. Esta procuraduría tendría facultades para actuar a nivel nacional y concentraría esfuerzos en las regiones más afectadas, contribuyendo a mejorar la capacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado.
La decisión del gobierno de implementar estas medidas ha sido motivada por el creciente número de denuncias de extorsiones, que han afectado tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes y conductores de transporte público. Muchos de ellos han sido víctimas de amenazas de muerte, secuestros o han tenido que pagar grandes sumas de dinero para evitar represalias. En los últimos meses, la violencia relacionada con estas actividades ilícitas ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha generado temor e incertidumbre en la población y ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para recuperar el control.
El estado de emergencia comenzará mañana, y su implementación incluirá restricciones específicas en las zonas más afectadas, tales como la prohibición de reuniones públicas y el aumento de la presencia de las fuerzas del orden en las calles. La expectativa del gobierno es que, con estas acciones, se logre reducir de manera significativa los índices de criminalidad en los distritos intervenidos, y que los ciudadanos puedan retomar sus actividades diarias sin temor a ser víctimas de extorsiones o actos violentos.
