Los abogados penalistas Mario Amoretti y Miguel Pérez Arroyo señalaron que el proyecto que busca restablecer jueces y fiscales sin rostro carece de soporte constitucional y convencional.
«Viola derechos fundamentales, la garantía al juez natural, a la presunción de inocencia», dijo Amoretti
El abogado penalista Mario Amoretti señaló que el proyecto de ley que busca restablecer en funciones a jueces y fiscales sin rostro carece de sustento jurídico, ya que contraviene lo establecido en la propia Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
«Viola derechos fundamentales. la garantía al juez natural, a la presunción de inocencia. Lamentablemente, este pedido que se formula carece de técnica jurídica, sobre todo cuando no toman en consideración lo resuelto por la Corte Interamericana, por el Tribunal Constitucional», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
«Volver a este planteamiento para decir que hay que sancionar drásticamente a los que extorsionan, a los que asesinan, etc. no tiene un sustento, porque hemos conocido que personas inocentes han ido detenidas bajo el argumento de que habían practicado un acto terrorista. Y lo que es más grave, desde el SIN les llevaban los proyectos de sentencia a jueces y magistrados que ejercían la administración de justicia», agregó.
En esa misma línea, el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo señaló que se debe evitar cualquier atisbo de fraude en la administración de justicia.
«No solo se trata de saber quién está juzgando, sino lo que ello significa para el proceso: la posibilidad de recusación, la posibilidad de estructuración de defensas en función de los criterios que tienen cada uno de los magistrados, y evitar que haya fraude en la lógica de la administración de justicia. Este proyecto no tiene habilidad constitucional ni convencional», agregó.
«Falta la aplicación de la ley»
En otro momento, Pérez Arroyo mencionó que la vía para una mejor administración de justicia no va en la línea de recortar los derechos del proceso.
Por su parte, Mario Amoretti consideró que no se aplican las leyes que están establecidas, por lo que muchas veces se condena a personas que actúan incluso en legítima defensa.
«Aquí falta la aplicación de la ley. Hay una ley que obliga al fiscal a realizar una investigación preliminar para establecer si hay o no legítima defensa. Si hay legítima defensa, no denuncia. Lo dice explícitamente la ley. Y si la legítima defensa es imperfecta, denuncia y lleva a cabo la investigación. Lo hemos tenido con el caso de Miraflores. Pero desgraciadamente hay fiscales que denuncian y jueces que meten a la cárcel a quien ha actuado en legítima defensa. Se está prevaricando», finalizó.
