El presidente Nicolás Maduro negó categóricamente este jueves la existencia de presos políticos en Venezuela, desestimando las denuncias de la oposición y de organizaciones no gubernamentales que aseguran lo contrario. Maduro afirmó que los detenidos tras la crisis postelectoral no son perseguidos políticos, sino personas implicadas en actos de violencia, vandalismo y crímenes graves.
«Salen a decir que son presos políticos, pero no son presos políticos. Son personas que quemaron, atacaron, amenazaron, agredieron, destruyeron y mataron», declaró el mandatario durante un acto televisado. Maduro aprovechó la oportunidad para subrayar que en Venezuela «no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida». Con estas palabras, el dirigente busca justificar las medidas adoptadas por su gobierno tras las protestas y la crisis postelectoral, asegurando que dichas acciones están orientadas a mantener la estabilidad del país.
Sin embargo, esta narrativa contrasta con las denuncias de organizaciones como Provea, una ONG venezolana que ha pedido medidas humanitarias para liberar a los denominados presos políticos. Según datos actualizados por el Foro Penal, el número de detenidos por motivos políticos asciende a 1.877 personas, incluso después de las liberaciones realizadas en semanas recientes. Provea ha insistido en la necesidad de que los presos recuperen su libertad, puedan reconstruir sus vidas y se reencuentren con sus familias y seres queridos.
Diversas ONG han documentado casos de personas detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales no participaron en actos de protesta. Estas detenciones contradicen las declaraciones de las autoridades, quienes aseguran que los arrestados son responsables de actos de terrorismo, violencia y vandalismo.
A pesar de estas cifras alarmantes, la Fiscalía General informó recientemente sobre la excarcelación de 533 personas que habían sido detenidas tras las elecciones. Esta acción, según la Fiscalía, responde a una solicitud del Poder Judicial. No obstante, mientras algunas personas recuperaban su libertad, nuevas detenciones se llevaron a cabo, incluyendo a miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; al exconcejal de Caracas Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf; el activista Luis Palocz; y al dirigente campesino Carlos Azuaje. Estas acciones han suscitado críticas tanto nacionales como internacionales, que cuestionan la transparencia y legitimidad de los procesos judiciales en el país.
En paralelo, Nicolás Maduro anunció su intención de promover una reforma constitucional con el objetivo de «consolidar la soberanía popular» y fortalecer lo que él define como una democracia más participativa. Durante un acto televisado, el mandatario afirmó que ha conformado un equipo de asesores nacionales e internacionales para trabajar en esta iniciativa junto al pueblo venezolano. Según Maduro, esta reforma busca profundizar los principios democráticos y garantizar mayores derechos sociales.
La reforma constitucional, que se presenta como una estrategia para legitimar su gobierno de cara a su próxima investidura el 10 de enero, ha generado inquietudes en diversos sectores, quienes temen que pueda ser utilizado para concentrar aún más el poder en manos del Ejecutivo. Mientras tanto, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo un tema de preocupación internacional, con múltiples denuncias de represión, detenciones arbitrarias y falta de garantías legales para los detenidos.
