La exprimera dama del Perú, Nadine Heredia Alarcón, llegó en la noche del miércoles a la ciudad de São Paulo, en Brasil, donde permanecerá en calidad de asilada bajo la protección del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su arribo se produce días después de que el Poder Judicial peruano dictara una sentencia de 15 años de prisión en su contra por el delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más relevantes de América Latina en los últimos años.
Heredia partió desde Brasilia, capital brasileña, rumbo a São Paulo, como parte de un operativo de traslado coordinado por las autoridades brasileñas, tras haber permanecido algunos días en la Embajada de Brasil en Lima, lugar donde solicitó asilo político el mismo día en que fue leída su sentencia condenatoria. Según confirmó el abogado Marco Aurélio de Carvalho, defensor legal de Heredia en Brasil, la exprimera dama arribó alrededor de las 8:30 p.m. (hora de Brasil) —equivalente a 6:30 p.m. hora peruana— al aeropuerto de Congonhas, ubicado en el corazón de São Paulo.
De acuerdo a lo establecido por la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, el país que concede el asilo se compromete a cubrir los gastos de manutención del ciudadano asilado. En consecuencia, el gobierno de Lula da Silva asumirá la responsabilidad de garantizar la estadía, protección y bienestar tanto de Nadine Heredia como de su hijo menor de edad, quien la acompaña en esta etapa de refugio político.
Este giro en los acontecimientos se da apenas horas después de que el expresidente Ollanta Humala Tasso, esposo de Heredia, fuera detenido por la Policía Nacional del Perú tras ser hallado culpable de delitos similares por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Según el fallo, ambos habrían recibido aportes ilícitos tanto de la empresa brasileña Odebrecht como del gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales de los años 2006 y 2011.
En el caso más reciente, varios exdirectivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, exrepresentante de la firma en Perú, declararon ante fiscales del equipo especial Lava Jato que la compañía brasileña desembolsó US$3 millones destinados a la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011, como parte de un acuerdo político-económico con el entonces candidato. Las investigaciones del Ministerio Público y las pruebas presentadas en el proceso judicial concluyeron que dichos fondos no fueron declarados y fueron manejados a través de una compleja red de testaferros y movimientos bancarios opacos, configurando así el delito de lavado de activos.
Durante la audiencia final del juicio, mientras Humala era intervenido por agentes policiales para ser trasladado a un centro penitenciario, Heredia ya se encontraba dentro de la embajada brasileña en Lima solicitando protección diplomática. Ante este escenario, el gobierno peruano encabezado por la presidenta Dina Boluarte le otorgó un salvoconducto, recurso legal que permite el libre tránsito de una persona asilada, habilitándola a salir del territorio nacional sin obstáculos. La exprimera dama fue finalmente recogida por un avión militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que aterrizó en Perú específicamente para trasladarla de forma segura a territorio brasileño.
Este acontecimiento ha generado fuertes reacciones tanto en la clase política como en la ciudadanía. Algunos sectores acusan a Heredia de evadir la justicia peruana, mientras otros sostienen que su solicitud de asilo responde a una percepción de persecución política, argumento que ella ha sostenido desde que comenzaron las investigaciones en su contra hace varios años.
A pesar de las especulaciones sobre sus próximos pasos, lo cierto es que ahora Nadine Heredia permanecerá en Brasil bajo la protección de su gobierno anfitrión, mientras se evalúa a largo plazo su situación migratoria y su estatus como asilada. De momento, la exprimera dama está fuera del alcance de la justicia peruana, y su caso abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre los sistemas judiciales de América Latina y las figuras políticas involucradas en escándalos de corrupción transnacional.
