El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y la Diviac realizan desde la madrugada de este lunes el operativo Valkiria V con allanamientos de viviendas y oficinas. El asesor principal de Patricia Benavides se encuentra bajo detención preliminar y la Junta de Fiscales Supremos ha citado para este lunes a Patricia Benavides a una reunión de urgencia.
Jaime Villanueva Barreto, asesor de confianza de Patricia Benavides, se encuentra en la prefectura de Lima, a donde fue trasladado tras ser detenido en una clínica en Surco, donde se internó apelando a una dolencia. Tras permanecer bajo la custodia de agentes de la Fiscalía y la Policía, y al no recibir una aprobación médica para quedarse internado, fue sacado del centro de salud para el inicio de los 10 días de detención preliminar dictada en su contra.
La exfiscal suprema Zoraida Ávalos dijo en RPP que del destape de presunta corrupción en la alta dirección del Ministerio Público, demuestra que su inhabilitación «fue política y que detrás estaba la fiscal de la Nación»
Primero, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de congresistas de la República para que destituyan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un procedimiento constitucional. Ello, debido a que la JNJ investiga a Patricia Benavides y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de los mismos congresistas.
Segundo, habrían influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que Benavides pueda permanecer en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público.
Tercero, habrían promovido la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos mediante un proceso constitucional en el Congreso. El apoyo con votos por parte de los parlamentarios sería pagado con un favorecimiento en las investigaciones que cuentan con resolución pendiente en la Fiscalía de la Nación.
Todas estas personas son investigadas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-trafico de influencias.
El operativo, denominado Valkiria V, también se desarrolla en el piso nueve de la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay en el Centro de Lima, donde se encuentran las oficinas de los investigados.