Hoy, el juez supremo Juan Carlos Checkley dio por concluido el control de acusación en el caso del golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Este golpe tuvo lugar cuando Castillo intentó disolver ilegalmente el Congreso de la República y reorganizar el sistema judicial en un intento desesperado de retener el poder. El expresidente tomó esta acción luego de que Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, lo acusara ante el Congreso de haber recibido sobornos provenientes de la empresaria Sada Goray, quien buscaba beneficiarse de proyectos del Fondo MiVivienda.
Además de Castillo, en el proceso judicial están implicados varios de sus exfuncionarios más cercanos: la expremier Betssy Chávez, así como los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Se les acusa de haber sido cómplices del delito de rebelión, ya que apoyaron las decisiones que llevaron al intento fallido de disolución del Congreso.
Actualmente, Pedro Castillo y Betssy Chávez se encuentran en prisión preventiva mientras continúa el proceso, mientras que Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez están bajo comparecencia con restricciones, lo que significa que tienen ciertas limitaciones de movimiento y deben presentarse ante las autoridades cuando se les solicite.
Al concluir la audiencia virtual de hoy, el juez Checkley anunció que emitirá próximamente el auto de enjuiciamiento, que formalizará el inicio del juicio oral. Esta será la etapa final del proceso penal, en la cual se evaluarán las pruebas presentadas por la fiscalía para determinar la culpabilidad de los acusados.
Esta resolución marca un hito importante en uno de los casos más controvertidos de la política peruana reciente, que busca esclarecer la responsabilidad de las figuras clave del gobierno de Castillo en el intento de alterar el orden constitucional.
