Un reciente informe emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado gran atención en el ámbito político y judicial. Se trata de la Disposición de Comando N°202500006310-COMOPPOL-PNP/CENOPPOL, un documento oficial en el que se alerta sobre posibles gestiones que estaría realizando el expresidente Martín Vizcarra para solicitar asilo político en Bolivia, justo cuando se encuentra próximo a recibir una sentencia por el delito de cohecho pasivo propio.

La PNP sostiene que Vizcarra, actualmente procesado judicialmente por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), estaría buscando refugio en el país altiplánico para evitar una posible condena penal. Según las investigaciones, el exmandatario habría recibido sobornos por parte de empresas privadas a cambio de la adjudicación de contratos públicos, entre ellos, el caso más mencionado vincula a la constructora Obrainsa.

Coordinaciones con la embajada boliviana

El documento policial indica que Vizcarra no actuaría solo, sino que estaría contando con la ayuda de allegados o personas de su entorno de confianza para establecer canales de comunicación con la Embajada de Bolivia en Perú. El objetivo sería argumentar que es víctima de persecución política, lo que justificaría una solicitud formal de asilo ante el gobierno de Bolivia. Esta estrategia, señala el informe, se estaría desarrollando silenciosamente mientras su proceso judicial avanza.

Uno de los factores que alimenta esta hipótesis es la supuesta relación cercana entre el actual embajador de Bolivia en Perú y el propio Vizcarra, lo que facilitaría —según la policía— un eventual trámite de refugio político. El informe advierte que estas acciones tendrían como fin evitar una inminente condena penal derivada del juicio por corrupción, cuyo fallo podría conocerse en las próximas semanas.

Antecedentes que fortalecen la hipótesis

El documento también hace referencia a hechos ocurridos en 2013, durante el periodo en que Martín Vizcarra se desempeñaba como presidente regional de Moquegua. Según la información recolectada, ese año Vizcarra habría gestionado, mediante la empresa Obrainsa, el alquiler de una aeronave privada para trasladar a una delegación oficial del gobierno boliviano —encabezada por quien en ese entonces era ministro de Economía, Luis Arce Catacora, hoy presidente de Bolivia— hasta la ciudad de Ilo.

El objetivo del viaje, de acuerdo con el informe, era mostrar a la comitiva extranjera el potencial del puerto de Ilo y su posible vinculación con el proyecto “Lomas de Ilo”, un ambicioso plan de desarrollo para el sur del Perú. La empresa ATSA emitió la factura del vuelo por un monto de S/ 35,958, la cual fue cubierta por Obrainsa, la misma empresa que tiempo después obtuvo la buena pro para ejecutar el mencionado proyecto, lo que despertó sospechas de colusión y tráfico de influencias.

Vínculos fortalecidos

Este episodio, según la policía, habría servido no solo para reforzar los lazos económicos y políticos entre la empresa y el gobierno regional de entonces, sino también para estrechar la relación entre Vizcarra y altos funcionarios bolivianos, vínculos que —a juicio de la PNP— podrían estar siendo reactivados ahora que el expresidente enfrenta un escenario judicial complejo.

Un juicio en etapa final

Actualmente, el proceso penal contra Martín Vizcarra se encuentra en una fase avanzada, y todo indica que el veredicto judicial se conocerá en breve. Ante esta situación, las autoridades de inteligencia policial consideran que el exmandatario estaría evaluando opciones para evitar enfrentar una sentencia condenatoria en territorio nacional.

El informe no solo refleja una alerta institucional, sino que también reabre el debate sobre el uso del asilo político como herramienta para evadir responsabilidades penales, así como sobre los lazos internacionales que algunos exfuncionarios mantienen con gobiernos extranjeros.