La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, ha generado un intenso debate tras sugerir la posibilidad de que los estudiantes que provienen de colegios privados realicen un aporte económico a la universidad. Su propuesta, que aún se encuentra en evaluación, busca reformar el sistema de educación superior pública en el Perú con el fin de garantizar mayor equidad y mejorar la calidad educativa.

Un cuestionamiento a la gratuidad de la educación universitaria

Durante una sesión del Consejo Universitario, Jeri Ramón expuso su inquietud sobre el acceso a la educación pública gratuita y la distribución de los recursos en las universidades del Estado. Según la rectora, el principio de gratuidad debería priorizar a aquellos jóvenes que provienen de sectores con menor capacidad económica, pues la educación pública tiene como objetivo principal brindar oportunidades a quienes no pueden costear una universidad privada.

«Si bien es cierto la educación es gratuita, yo debo decir, pues, que nos preocupa, porque cómo es que viniendo alumnos de colegios privados puedan tener una educación gratuita en el Estado», expresó la rectora en su intervención.

Esta declaración surgió a raíz de un informe reciente de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, el cual reveló que el 55.5% de los postulantes al examen de admisión 2025-II provienen de colegios privados, mientras que solo el 43.6% de los aspirantes son egresados de instituciones educativas públicas.

La rectora resaltó que esta situación evidencia una disparidad en el acceso a la educación superior gratuita, ya que una gran proporción de los estudiantes que ingresan a San Marcos ha tenido la posibilidad de pagar por una educación secundaria en instituciones privadas.

Un sistema de pensiones para estudiantes de colegios privados

Para Jeri Ramón, la solución a esta problemática sería implementar un sistema de cobro de pensiones a aquellos alumnos que egresaron de colegios privados y ahora cursan estudios en la Decana de América. Según explicó, este aporte económico permitiría mejorar la infraestructura de la universidad, elevar la calidad educativa y garantizar mejores condiciones salariales para los docentes.

«La gratuidad debe ser para aquellos que no lo tienen y para tener una mejor calidad de docentes y pagarle mejor también. Deberíamos cobrar a todos los alumnos que vienen de los colegios privados, ¿no?», manifestó la rectora.

El argumento detrás de esta propuesta es que muchos de los jóvenes que han estudiado en colegios privados provienen de familias con mayores ingresos y, por lo tanto, podrían asumir una contribución económica para sus estudios universitarios. Ramón considera que esta medida permitiría una redistribución más justa de los recursos del Estado, asegurando que la educación gratuita beneficie a quienes realmente lo necesitan.

Reacciones y debate en la opinión pública

La propuesta de la rectora ha generado un fuerte debate en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Mientras algunos respaldan la idea de establecer un sistema de pago diferenciado según el origen educativo de los estudiantes, otros consideran que esto afectaría el principio de gratuidad en la educación pública y podría abrir la puerta a una privatización parcial del sistema universitario estatal.

Entre los sectores que apoyan la iniciativa, se argumenta que la educación pública debe estar dirigida principalmente a los estudiantes de escasos recursos, por lo que sería justo que aquellos que han podido pagar una educación privada en su etapa escolar realicen un aporte económico a la universidad. Además, sostienen que los recursos obtenidos mediante estas pensiones podrían destinarse a mejorar la infraestructura de la UNMSM, modernizar laboratorios, adquirir nuevos equipos tecnológicos y aumentar los sueldos de los docentes, lo que contribuiría a una educación de mayor calidad.

Sin embargo, los detractores de la propuesta consideran que esta medida podría crear una división entre los estudiantes y afectar el principio de igualdad de condiciones en el acceso a la educación superior. También advierten que el hecho de haber estudiado en un colegio privado no necesariamente significa que el estudiante o su familia cuenten con recursos suficientes para pagar una pensión universitaria, ya que en muchos casos los padres hacen sacrificios económicos para costear la educación escolar de sus hijos.

Postura de la universidad y evaluación de la propuesta

Ante la controversia generada, el área de prensa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aclaró que la propuesta de la rectora no ha sido aprobada ni implementada oficialmente, sino que se trata de una inquietud en torno a la equidad en el acceso a la educación universitaria pública.

Según el comunicado, el debate sobre este tema sigue en evaluación dentro del Consejo Universitario, donde se analizarán los posibles alcances y consecuencias de implementar un sistema de pensiones diferenciado.

Por el momento, no hay una decisión oficial sobre la implementación de esta medida, pero el solo hecho de haber planteado la posibilidad ha generado un intenso debate sobre el futuro de la educación universitaria pública en el Perú.

¿Un cambio en el modelo de educación pública?

El cuestionamiento de la rectora de San Marcos abre la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de educación gratuita en las universidades estatales. La creciente demanda de cupos en las universidades públicas y el limitado presupuesto asignado por el Estado han llevado a muchas instituciones a enfrentar problemas de infraestructura, escasez de recursos y dificultades para mejorar la calidad educativa.

Mientras el debate continúa, lo cierto es que esta propuesta pone sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo de financiamiento de la educación superior en el Perú y encontrar soluciones que permitan garantizar el acceso equitativo, sin afectar el derecho fundamental a una educación gratuita y de calidad para todos.