El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha emitido un fallo confirmando los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador. Esta decisión se produce en medio de fuertes acusaciones de fraude por parte de la oposición, que ha cuestionado tanto la legitimidad del proceso electoral como la independencia de las instituciones involucradas.
El fallo, emitido por la máxima corte venezolana, certifica oficialmente la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años, lo que lo mantendrá en el poder hasta 2031. En su resolución, el TSJ «certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, según se lee en la sentencia.
Este fallo fue leído por Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien ha sido acusada, junto con otros miembros de la corte, de actuar en beneficio del chavismo, el movimiento político liderado por Maduro. A pesar de las numerosas denuncias de fraude presentadas por la oposición, el tribunal procedió a ratificar los resultados emitidos por el CNE, lo que ha generado una profunda indignación entre los opositores al régimen.
Nicolás Maduro había solicitado al TSJ la certificación de los resultados electorales, luego de que el CNE lo proclamara vencedor con un 52% de los votos. Sin embargo, la oposición, encabezada por la líder María Corina Machado, sostiene que el verdadero ganador de los comicios fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien, según ellos, obtuvo un 67% de los votos. Para respaldar sus afirmaciones, la oposición ha publicado en una página web copias de las actas de votación que, según aseguran, demuestran la victoria de González Urrutia. El chavismo, por su parte, ha desestimado estas pruebas, calificándolas de «forjadas».
En su fallo, la magistrada Caryslia Rodríguez citó un informe técnico que concluye que los boletines emitidos por el CNE en relación con la elección presidencial de 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación y que hay una plena coincidencia con los registros en las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Este fallo del TSJ es inapelable, lo que significa que no puede ser desafiado ni modificado por ninguna otra instancia judicial en el país.
A pesar de la decisión del TSJ, la oposición ha reiterado su rechazo a los resultados y ha declarado que considera «nula» e «ineficaz» la sentencia del tribunal. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en representación de la coalición opositora Plataforma Unitaria, expresaron en una carta pública su determinación de no reconocer la legitimidad del fallo, al que consideran una validación de un fraude electoral orquestado por el chavismo. González Urrutia reaccionó al fallo mediante un mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde publicó una ilustración con un documento judicial acompañado de la etiqueta “No usurparán la verdad” y la afirmación: “Nula, la soberanía reside instransferiblemente en el pueblo”.
Este polémico fallo se produce en un contexto de creciente tensión en Venezuela, donde las denuncias de fraude han desencadenado protestas masivas. Las manifestaciones, que estallaron al conocerse los resultados, han dejado un saldo trágico de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Nicolás Maduro ha acusado a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado de incitar a la violencia y de promover un golpe de Estado en su contra. En respuesta, el mandatario ha solicitado la detención de ambos líderes opositores, y la fiscalía ya ha iniciado una investigación penal en su contra.
El fallo del TSJ ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han expresado su desconocimiento de la reelección de Maduro, cuestionando la legitimidad del proceso electoral. Una misión independiente de las Naciones Unidas, encargada de evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela, también ha criticado la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, señalando que estas instituciones han desempeñado un papel crucial en la represión del Estado venezolano.
María Corina Machado agradeció a la comunidad internacional por su firme y clara postura en contra de la legitimidad del gobierno de Maduro, afirmando que «no existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro». Mientras tanto, el mandatario cuenta con el respaldo total de las fuerzas armadas del país, que han rechazado los llamados de la oposición a unirse a su causa. La situación en Venezuela sigue siendo extremadamente tensa, con un país profundamente dividido y una comunidad internacional que observa con creciente preocupación.
