Paolo Guerrero, entre las figuras del fútbol involucradas en presunta estafa de diplomas falsos por US$20.000
Una investigación periodística en Brasil ha sacudido al fútbol sudamericano y colocado el nombre de Paolo Guerrero en una polémica relacionada con la presunta venta de diplomas falsos para ejercer como director técnico.
El delantero peruano figura entre reconocidos futbolistas y exjugadores vinculados a un esquema que ofrecía licencias de entrenador por aproximadamente 20.000 dólares, sin necesidad de completar los estudios y evaluaciones correspondientes.
La investigación fue realizada por la periodista Joanna de Assis, de UOL Esporte, y apunta al exfutbolista argentino Alejandro Mancuso, quien fue asistente de Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
¿Cómo funcionaba la presunta estafa?
Según la investigación, Mancuso ofrecía un procedimiento acelerado para obtener cuatro licencias de entrenador: C, B, A y PRO.
Mientras la formación regular podía extenderse durante casi tres años, el denominado trámite urgente prometía entregar los certificados, el carné y el diploma en apenas una semana o diez días.
El costo del paquete alcanzaba los 100.000 reales brasileños, equivalentes aproximadamente a US$20.000.
Los documentos eran presentados como certificaciones de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), institución que negó que Mancuso estuviera autorizado para representarla.
La investigación encontró irregularidades en las credenciales, incluidos códigos QR inválidos, errores en los documentos y ausencia de registros oficiales.
Paolo Guerrero y otras estrellas aparecen mencionados
Entre los futbolistas relacionados con el caso figuran:
- Paolo Guerrero, de Perú.
- Diego Lugano, de Uruguay.
- Roberto Carlos, de Brasil.
- Felipe Melo, de Brasil.
- Thiago Silva, de Brasil.
- Alex de Souza, de Brasil.
- Dejan Petkovic, de Serbia, con amplia trayectoria en el fútbol brasileño.
También aparecen otros nombres conocidos, como Luiz Gustavo y Paulinho.
En el caso de Guerrero, su nombre estuvo entre los seis futbolistas cuyas licencias fueron examinadas durante una investigación policial desarrollada en Argentina en 2025.
Sin embargo, no se ha confirmado cuánto dinero pagó personalmente el delantero peruano, ni existe evidencia pública de que conociera la presunta falsedad de los documentos.
¿Los futbolistas sabían que los diplomas eran falsos?
Este es uno de los aspectos más delicados del caso.
Varios jugadores consultados por UOL aseguraron que desconocían las irregularidades y que confiaron en Mancuso por su trayectoria y sus contactos dentro del fútbol.
No obstante, algunos reconocieron haber aceptado un procedimiento más sencillo para obtener las licencias sin cumplir todas las exigencias de la formación convencional.
Uno de los casos más llamativos es el de Felipe Melo, quien pagó alrededor de US$10.000 gracias a un descuento, pero posteriormente sospechó del procedimiento y consiguió que le devolvieran el dinero.
Por su parte, Mancuso negó haber vendido documentos falsificados y sostuvo que únicamente facilitaba contactos para obtener certificaciones.
¿Qué consecuencias podría tener el escándalo?
La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino desconoce la validez de las certificaciones obtenidas mediante las gestiones atribuidas a Mancuso.
Además, la Confederación Brasileña de Fútbol comenzó a revisar registros de entrenadores que utilizan licencias argentinas para verificar su autenticidad.
Aunque una investigación judicial desarrollada en Argentina fue archivada por falta de pruebas, las revelaciones periodísticas han vuelto a colocar el caso bajo atención pública.
Paolo Guerrero todavía no ha ofrecido una explicación pública sobre su vinculación con estas licencias, según la información disponible al 8 de octubre.
El escándalo deja una interrogante que va más allá del dinero: ¿cómo pudieron circular documentos que prometían habilitar a grandes figuras del fútbol como entrenadores sin cumplir el proceso de formación exigido?
Por ahora, será necesario distinguir entre quienes fueron engañados, quienes aceptaron conscientemente un procedimiento irregular y las responsabilidades que puedan establecer las autoridades.
