Ollanta Humala saldrá libre: TC anula toda la investigación contra expresidente
Un giro judicial de gran magnitud remece el panorama político e institucional del país. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso, disponiendo la nulidad absoluta de todo el proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos agravado. La resolución del máximo intérprete de la Carta Magna deja sin efecto la condena de 15 años de prisión efectiva y ordena su inmediata salida del penal de Barbadillo.
Anulación total del proceso y excarcelación
La resolución emitida por el TC representa una decisión trascendental dentro de las megainvestigaciones derivadas del caso Lava Jato en el Perú. El recurso de garantía constitucional fue interpuesto por el equipo legal del exmandatario alegando graves vulneraciones a los derechos fundamentales, de manera concreta al debido proceso y a la tutela procesal efectiva durante el desarrollo del juicio oral y las etapas previas.
Efecto directo del fallo: Al declararse la nulidad de todo lo actuado en el ámbito penal, la sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad impuesta contra Humala queda completamente insubsistente. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberán tramitar su excarcelación tan pronto sean notificadas formalmente de la resolución judicial.
El origen de la condena y su impacto en el caso Odebrecht
El exjefe de Estado cumplía reclusión en el penal de Barbadillo tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos agravado, en el marco de los presuntos aportes ilícitos de campaña recepcionados por el Partido Nacionalista Peruano para las contiendas electorales de 2006 y 2011.
- Paso histórico: El proceso contra Ollanta Humala fue el primero de los casos vinculados a la constructora brasilera Odebrecht en alcanzar una sentencia condenatoria en el fuero nacional.
- Precedente jurídico: La determinación del TC reabre el debate técnico-legal sobre la tipificación del delito de lavado de activos aplicado al financiamiento irregular de partidos políticos, sentando un precedente determinante para otros procesos en curso que involucran a exaltos funcionarios y líderes políticos.
