¿Facultades O Cheque En Blanco? El Pedido De Keiko Que Enciende Las Alarmas
El Poder Ejecutivo, encabezado por Keiko Fujimori, ha solicitado al Congreso facultades legislativas por 120 días, comprendiendo 66 ítems distribuidos en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, tributación, empleo, minería, hidrocarburos, recursos naturales y ambiente. La Constitución permite esta delegación, pero el artículo 104 establece una condición fundamental: la autorización debe precisar la materia específica y el plazo determinado. Por ello, el debate no puede reducirse a una confrontación entre Gobierno y oposición. El Congreso tiene la obligación constitucional de evaluar si cada facultad está suficientemente delimitada, justificada y vinculada con una finalidad concreta. Una delegación excesivamente amplia puede desnaturalizar el carácter excepcional de esta herramienta y debilitar la función legislativa del Parlamento.
Especial atención merecen las materias vinculadas con minería, hidrocarburos, recursos hídricos, bosques y gestión ambiental, porque cualquier modificación normativa en estos sectores puede generar efectos económicos, sociales y ambientales de largo plazo. Esto no permite afirmar, sin evidencia, que el Gobierno pretenda favorecer intereses empresariales específicos; sin embargo, sí justifica un escrutinio reforzado sobre las normas que se pretenden modificar, sus beneficiarios potenciales y los mecanismos de fiscalización que permanecerán vigentes. La propia Comisión de Energía y Minas consideró que no era viable delegar determinadas facultades del sector sin un debate más amplio, precisamente por sus implicancias económicas, sociales y ambientales. La pregunta no es si se debe promover la inversión, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué protección de los recursos naturales.
El Congreso, por tanto, no debería aceptar ni rechazar el pedido únicamente por razones partidarias. Debe delimitar, excluir o modificar aquellas facultades que no cumplan con los estándares constitucionales de especificidad, necesidad y temporalidad. Si existen medidas urgentes contra la criminalidad, pueden otorgarse facultades concretas; si se requieren reformas económicas, deben establecerse objetivos y límites verificables; y si se pretende intervenir en materias ambientales y extractivas, corresponde una evaluación particularmente rigurosa. La delegación legislativa es constitucionalmente posible, pero no constituye un cheque en blanco. Defender la separación de poderes no significa impedir gobernar: significa garantizar que quien gobierna también esté sujeto a límites.
