¡Alerta Perú! El Senado Fujimorista Pretende Imponer Su Poder Y Poner En Jaque La Constitución

¡La democracia no puede ser rehén de una mayoría parlamentaria! El comportamiento de los senadores fujimoristas en el debate sobre la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori despierta serias preocupaciones. Después de que la Cámara de Diputados recortara el pedido original del Ejecutivo, reduciendo las materias y el plazo de la delegación, el Senado se ha convertido en escenario de una confrontación que amenaza con desnaturalizar lo aprobado. ¿Se pretende legislar sobre asuntos que fueron excluidos sin respetar los límites del procedimiento constitucional? La ciudadanía merece respuestas, no maniobras políticas ni imposiciones disfrazadas de legalidad.

¡El poder no puede aplastar las reglas de la democracia! La polémica en la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, y el enfrentamiento con las bancadas opositoras han dejado al descubierto una preocupante crisis de confianza. Cuando las votaciones generan cuestionamientos, las minorías denuncian procedimientos irregulares y el debate termina paralizado, la institucionalidad queda bajo sospecha. El Senado no es propiedad de Fuerza Popular, ni la Constitución es un documento que pueda interpretarse al gusto de una bancada. Si se pretende reincorporar materias descartadas por Diputados, debe demostrarse que esa actuación respeta el marco constitucional. De lo contrario, la ciudadanía tiene razones para exigir explicaciones y responsabilidades.

¡Ni cheque en blanco para Keiko Fujimori ni carta blanca para el fujimorismo! El Perú necesita seguridad ciudadana, prevención frente a los desastres y un Gobierno capaz de responder a las urgencias nacionales; lo que no necesita es una concentración irresponsable del poder ni un Parlamento que confunda mayoría con impunidad política. Las facultades legislativas deben ser específicas, temporales y sometidas a fiscalización, no una puerta abierta para imponer agendas controversiales. La advertencia es clara: ningún partido está por encima de la Constitución y ningún poder político tiene derecho a torcer las reglas para imponer su voluntad. Cuando el autoritarismo amenaza con disfrazarse de legalidad, defender la democracia deja de ser una opción y se convierte en una obligación ciudadana.