Extorsión sin freno: queman vivo a chofer en Los Olivos mientras crecen los cuestionamientos al Gobierno
La violencia contra los transportistas volvió a mostrar su rostro más cruel en Lima.
Pedro José Herrera Veloz, de 34 años, murió dentro de su miniván después de que presuntos extorsionadores incendiaran el vehículo mientras descansaba antes de comenzar su jornada, en la zona de Primera de Pro, Los Olivos.
El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes 28 de septiembre, cerca de la Panamericana Norte.
Según testigos, tres sujetos llegaron en un vehículo oscuro, atacaron la miniván y provocaron el incendio con el conductor todavía dentro.
Pero detrás del asesinato aparece una historia que los transportistas aseguran conocer desde hace meses: el cobro de cupos para dejarlos trabajar.
S/40 semanales para poder salir a trabajar
Compañeros de Herrera denunciaron que alrededor de 60 transportistas de la ruta entre Primera de Pro y Alipio Ponce venían siendo extorsionados.
Según sus testimonios, debían entregar S/40 semanales por unidad.
Los pagos eran coordinados mediante WhatsApp y los delincuentes enviaban códigos QR para recibir el dinero.
Los conductores atribuyen las amenazas a una organización conocida como “Los Mexicanos”, aunque corresponde a la Policía y al Ministerio Público determinar quiénes fueron los responsables del asesinato.
Las amenazas, además, habrían aumentado durante las últimas semanas.
Los transportistas aseguran que aproximadamente dos meses antes ya habían recibido una advertencia: si dejaban de pagar, matarían a uno de ellos.
Grabaron el crimen para sembrar terror
El asesinato no habría terminado cuando la miniván quedó envuelta en llamas.
Los propios atacantes habrían grabado el atentado y posteriormente enviado las imágenes al grupo de WhatsApp donde los transportistas recibían las amenazas.
El objetivo aparente era convertir el asesinato en una advertencia para los demás conductores.
Incluso mientras algunos transportistas declaraban ante la prensa, denunciaron que seguían llegando mensajes intimidatorios.
Tras el crimen, alrededor de 60 unidades suspendieron sus servicios por temor a nuevos ataques.
¿Y hasta cuándo las extorsiones?
El asesinato ocurre mientras Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia y cuando el Gobierno ya había anunciado medidas específicas para enfrentar las extorsiones contra el transporte.
En agosto, la presidenta Keiko Fujimori anunció mesas de trabajo con transportistas y una estrategia de seguridad para responder al cobro de cupos.
Sin embargo, los ataques continúan.
Solo entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre se registraron cinco homicidios en Lima y Callao, aunque no todos están relacionados entre sí ni necesariamente responden a extorsiones.
El caso de Los Olivos vuelve entonces a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa:
¿cuánto más tienen que esperar los transportistas para sentir resultados concretos en las calles?
Del “tap, tap” y BTS a una realidad mucho más dura
Un día antes del asesinato, Keiko Fujimori había retomado sus transmisiones en vivo por TikTok.
Durante el espacio del domingo 27 habló de asuntos de Gobierno junto al canciller Carlos Espá, anunció la invitación de Nayib Bukele para viajar a El Salvador y también dedicó momentos a interactuar con los usuarios de la plataforma.
En ese formato volvió a aparecer BTS.
La presidenta reafirmó su intención de invitar al grupo surcoreano a Palacio de Gobierno cuando visite el Perú y recordó su compromiso de aprender algunas de sus canciones.
Las transmisiones de Fujimori suelen utilizar además el lenguaje propio de TikTok, incluida la interacción directa y los pedidos de participación a quienes siguen el live.
El problema no es que una presidenta utilice TikTok, hable de BTS o busque acercarse a una audiencia joven.
El cuestionamiento aparece cuando esa comunicación desenfadada convive con una crisis de seguridad que sigue cobrando vidas.
Especialistas en comunicación política ya habían advertido sobre ese riesgo: una estrategia presidencial basada en redes puede generar cercanía, pero también crea una mayor exigencia de resultados cuando los problemas que el Gobierno promete enfrentar continúan visibles.
Mientras tanto, los choferes siguen pagando
La inseguridad ya está teniendo un costo político para el Gobierno.
Una medición del IEP publicada este mes situó la aprobación de Fujimori en 37 % y su desaprobación en 49 %. Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del instituto, vinculó parte del deterioro de la percepción presidencial con recientes episodios de criminalidad y con las expectativas generadas durante la campaña sobre la lucha contra el crimen organizado.
El Ejecutivo sostiene que está desplegando nuevas estrategias y ha planteado incluso estudiar experiencias internacionales como la de El Salvador.
Pero para los conductores de Primera de Pro el problema no está en una futura reunión internacional ni en una transmisión de TikTok.
Está en algo mucho más inmediato.
Según denuncian, cada semana deben sacar dinero de sus bolsillos para pagarle a una organización criminal por el supuesto derecho a seguir trabajando.
Pedro José Herrera habría estado cumpliendo también con esos pagos.
Aun así, terminó muerto dentro de su herramienta de trabajo.
La Policía y la Fiscalía deberán identificar a los responsables y establecer el móvil definitivo del crimen.
Pero más allá de la investigación individual queda una pregunta que se repite después de cada chofer asesinado, cada bus baleado y cada nueva amenaza:
¿hasta cuándo los transportistas tendrán que pagar para trabajar y arriesgar la vida si dejan de hacerlo?
