Gobierno de José Jerí no presenta plan de seguridad pese a autorización del Congreso

Han pasado más de 30 días desde que el Pleno del Congreso aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar por 60 días en materias clave como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Sin embargo, a 24 días de la promulgación y publicación de la norma en el diario oficial El Peruano, los avances concretos siguen sin hacerse visibles, mientras la inseguridad continúa agravándose en distintas zonas del país.

Durante los primeros días del 2026, los ataques armados contra unidades de transporte público, las extorsiones y los crímenes por encargo han vuelto a intensificarse, generando preocupación en la ciudadanía. Pese a ello, hasta el momento solo se han escuchado anuncios y promesas por parte de las autoridades del Gobierno central, sin que se presente oficialmente un plan de acción que permita enfrentar esta crisis.

El presidente José Jerí reiteró recientemente que el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los próximos días y aseguró que se convertirá en una “hoja de ruta” para avanzar hacia un país más seguro. Según indicó, se trata de un documento que se implementará de manera progresiva y que debería ser continuado por el próximo gobierno, al tratarse —según sus palabras— de un asunto de Estado y no de una gestión en particular.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el plan se encuentra en etapa final de revisión y que podría culminarse esta semana. Afirmó que será un instrumento “serio y coherente”, con indicadores claros que permitan evaluar su cumplimiento conforme a una programación preestablecida, además de ser susceptible de mejoras y adecuaciones por parte del siguiente gobierno.

No obstante, hasta ahora el plan no ha sido presentado públicamente ni se han difundido cifras oficiales que permitan medir el impacto del estado de emergencia decretado en octubre pasado en Lima y Callao. El balance que el Ejecutivo prometió dar tras la primera semana de aplicación de la medida nunca se concretó.

En ese contexto, el analista de datos Juan Carbajal informó que, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante los primeros 90 días del gobierno de José Jerí se han registrado más de 500 homicidios a nivel nacional. De estos, entre el 70 % y el 80 % habrían sido causados por proyectiles de arma de fuego, lo que refleja un alto nivel de violencia letal.

Carbajal precisó además que el promedio diario de homicidios durante la actual gestión es el más alto registrado desde el año 2017, superando a gobiernos anteriores. Cabe señalar que los datos del Sinadef no distinguen si estos crímenes están directamente vinculados a sicariato o extorsión.

Respecto a las facultades delegadas, la Ley 32527 autoriza al Ejecutivo a legislar sobre 24 materias relacionadas con seguridad y criminalidad organizada. Entre ellas se incluye la modificación del Código Penal para tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, el endurecimiento de penas por resistencia o desobediencia a la autoridad y la regulación de procedimientos para la revisión inmediata de equipos informáticos en casos de flagrancia por delitos como extorsión, sicariato y secuestro.

Asimismo, se contempla la incorporación del delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en penales, la clasificación automática de internos condenados por delitos de alta lesividad social, la restricción de beneficios penitenciarios para crímenes graves y un mayor control judicial sobre la redención de pena por trabajo y educación.

Mientras estas facultades siguen sin traducirse en normas concretas, la percepción de inseguridad continúa en aumento y la ciudadanía espera acciones claras y resultados efectivos frente a una crisis que no da tregua.