Poder Judicial defiende sistema de flagrancia tras críticas de Tomás Gálvez: reporta más de 19 mil casos resueltos
El debate sobre la respuesta de las instituciones frente a la delincuencia suma un nuevo capítulo. El Poder Judicial defendió los resultados de las unidades de flagrancia, en medio de los cuestionamientos del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien sostuvo que este mecanismo no está diseñado para enfrentar delitos complejos como el sicariato y la extorsión.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ha defendido la implementación de las unidades de flagrancia y solicitado una mayor participación del Ministerio Público para fortalecer este modelo de atención rápida de delitos.
Según información difundida por el propio Poder Judicial, durante 2026 las unidades de flagrancia recibieron 20.747 casos y resolvieron 19.084, lo que representa aproximadamente el 92 % de los expedientes ingresados.
La institución sostiene que estos resultados demuestran la efectividad del modelo para acelerar los procesos cuando una persona es detenida durante la comisión de un delito o inmediatamente después.
Tomás Gálvez cuestiona su aplicación frente a extorsión y sicariato
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, planteó una posición distinta respecto al alcance de este sistema.
Gálvez señaló que las unidades de flagrancia fueron concebidas principalmente para atender delitos comunes y cuestionó que puedan ser presentadas como una herramienta central para combatir delitos complejos como la extorsión y el sicariato.
Según el titular del Ministerio Público, durante los dos años de funcionamiento del sistema no ha observado casos de sicariato o extorsión que hayan sido procesados mediante flagrancia.
Su posición apunta a que la lucha contra estas organizaciones requiere principalmente labores de inteligencia e investigación que permitan identificar a sus integrantes y obtener elementos suficientes para llevarlos ante la justicia.
Poder Judicial pide mayor participación de la Fiscalía
La posición del Poder Judicial había sido expresada previamente por Janet Tello, quien destacó los resultados obtenidos por las unidades de flagrancia y pidió un mayor compromiso del Ministerio Público con este sistema.
El modelo busca reunir en un mismo espacio a las instituciones que intervienen desde la detención hasta la resolución judicial, con el objetivo de reducir los tiempos de procesamiento en casos donde existe flagrancia.
La discusión, sin embargo, está ahora en determinar hasta dónde puede contribuir este mecanismo frente a modalidades criminales que requieren investigaciones más extensas.
El debate iniciado por Víctor Revoredo continúa
La controversia ocurre además después de los cuestionamientos formulados por el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, quien reclamó públicamente por las detenciones preliminares solicitadas por la Policía y cuestionó que personas capturadas durante operativos recuperen posteriormente su libertad.
“¿Dónde están las detenciones preliminares que le pedimos?”, cuestionó Revoredo al referirse a la respuesta de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Gálvez respondió posteriormente que cuando existen elementos suficientes contra extorsionadores o integrantes de organizaciones criminales, la Fiscalía presenta las acusaciones correspondientes. También sostuvo que la Policía, como órgano operativo, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir directamente delitos como la extorsión y el sicariato.
Ahora, la discusión incorpora al Poder Judicial y al sistema de flagrancia.
Mientras el Poder Judicial exhibe una tasa cercana al 92 % de casos resueltos en sus unidades de flagrancia, Gálvez cuestiona que este mecanismo sea una respuesta adecuada frente al sicariato y la extorsión.
El intercambio vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos frente al crimen organizado en el Perú: cómo deben coordinar la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que una captura termine acompañada de pruebas suficientes, una investigación efectiva y una respuesta judicial oportuna.
