Golpe a la extorsión en Lima, pero el miedo continúa: Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera gran prueba contra el crimen
Operativos policiales buscan cercar a las organizaciones dedicadas al cobro de cupos mientras transportistas y comerciantes continúan bajo amenaza. El Plan Escudo ya está en marcha, pero los gremios exigen inteligencia, capturas y resultados concretos frente a una violencia que no da tregua.
La lucha contra la extorsión se ha convertido rápidamente en una de las primeras grandes pruebas para el gobierno de Keiko Fujimori. Mientras la Policía Nacional intensifica operativos contra organizaciones criminales que operan en distintos puntos de Lima, transportistas y comerciantes siguen reclamando una respuesta capaz de devolverles algo que sienten haber perdido hace demasiado tiempo: la tranquilidad.
La situación resulta especialmente delicada en sectores de Lima Norte, donde durante los últimos meses la Policía ha identificado y desarticulado diferentes estructuras dedicadas al cobro de cupos.
San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Carabayllo y Puente Piedra aparecen constantemente en investigaciones relacionadas con amenazas contra transportistas, mototaxistas, comerciantes y pequeños empresarios.
Ya no se trata solamente de llamadas intimidatorias.
Disparos contra buses, explosivos, mensajes enviados por WhatsApp y asesinatos utilizados para generar temor forman parte de una modalidad criminal que ha convertido el pago de cupos en un negocio sostenido por la violencia.
La Policía golpea, pero las bandas vuelven a aparecer
Las operaciones policiales han permitido detener durante los últimos meses a presuntos integrantes de organizaciones que se disputan territorios y víctimas en Lima Norte.
Entre ellas aparecen facciones relacionadas con nombres como Los Injertos del Cono Norte y Los Chukis del Cono Norte, organizaciones investigadas por presuntas extorsiones contra comerciantes y transportistas.
La Policía ha recurrido a inteligencia, seguimiento de comunicaciones y operativos simultáneos para identificar a sus integrantes.
Pero existe un problema mayor.
Cuando una estructura es desarticulada, otras células pueden intentar ocupar el territorio que deja libre.
Esa fragmentación explica por qué las capturas, aunque importantes, todavía no son suficientes para que la ciudadanía perciba una reducción definitiva de la violencia.
El Plan Escudo: la primera respuesta del nuevo Gobierno
El gobierno de Keiko Fujimori ha colocado la seguridad ciudadana entre sus principales prioridades y puso en marcha el denominado Plan Escudo, una estrategia destinada inicialmente a proteger a las empresas de transporte amenazadas por organizaciones de extorsionadores.
La operación contempla presencia policial y militar en puntos considerados críticos, acompañamiento en determinadas rutas y vigilancia en terminales y patios de maniobras.
El Ejecutivo también ha planteado fortalecer la inteligencia policial, incrementar las unidades de flagrancia, reformar el sistema penitenciario y utilizar nuevas tecnologías para identificar y anticipar movimientos del crimen organizado.
La presidenta ha señalado que la lucha contra la delincuencia constituye una prioridad de su administración.
Pero el Gobierno acaba de comenzar y la calle exige algo más que anuncios.
Transportistas responden: “Más de lo mismo”
Este miércoles 19 de agosto, los gremios del transporte elevaron el tono de sus cuestionamientos.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, sostuvo que los atentados continúan pese al despliegue del Plan Escudo y cuestionó que la estrategia se concentre en presencia policial y militar sin que los transportistas perciban suficiente trabajo de inteligencia para adelantarse a los extorsionadores.
Los gremios sostienen que acompañar buses o colocar efectivos en terminales puede funcionar como elemento disuasivo, pero reclaman que el verdadero objetivo debe ser llegar hasta quienes ordenan los ataques, administran los números telefónicos, reciben el dinero de los cupos y contratan a los sicarios.
Ahí se encuentra una de las claves de esta guerra.
No solamente capturar al hombre que dispara, sino encontrar al que ordena disparar.
Transportistas quieren hablar directamente con Keiko Fujimori
La presión sobre el Ejecutivo aumenta.
Representantes del transporte acudieron al Congreso y solicitaron una reunión con la presidenta para conocer directamente cuál será la estrategia de su gobierno contra la extorsión.
Los dirigentes aseguran que ellos también tienen propuestas y quieren participar en la elaboración de medidas de corto, mediano y largo plazo.
La situación ha llegado al punto de que diferentes gremios vienen evaluando una paralización para el próximo 25 de agosto.
Sin embargo, algunos representantes han señalado que la medida podría reconsiderarse si el Ejecutivo abre un espacio concreto de diálogo.
La población ya no quiere escuchar promesas
El problema de la extorsión ha dejado de afectar únicamente a grandes empresarios.
El blanco puede ser el dueño de una bodega, un mototaxista, el conductor de un bus, un comerciante de mercado, el propietario de una pequeña obra o cualquier emprendedor que tenga ingresos visibles.
Ese cambio explica buena parte de la sensación de inseguridad.
Las organizaciones criminales descubrieron que no necesitan obtener grandes cantidades de una sola víctima. Pueden imponer pequeños pagos periódicos a decenas o cientos de personas y utilizar un ataque violento contra una de ellas para sembrar miedo entre todas las demás.
El mensaje criminal es sencillo: paga o enfrenta las consecuencias.
Y es precisamente ese mecanismo el que el Estado necesita romper.
Capturar al sicario no basta
La nueva administración tiene frente a sí un desafío mucho más complejo que aumentar patrulleros en las calles.
Para desarticular verdaderamente estas organizaciones se necesita seguir el dinero, identificar las cuentas utilizadas para recibir los pagos, rastrear las comunicaciones, controlar las líneas telefónicas empleadas para amenazar, investigar la posible operación desde establecimientos penitenciarios y conseguir que las investigaciones policiales terminen en procesos judiciales sólidos.
También será necesario mejorar la coordinación entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
Una captura pierde buena parte de su efecto si la investigación no consigue llegar hasta quienes dirigen la estructura criminal.
Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba de fuego
El Gobierno lleva pocas semanas en funciones, por lo que todavía sería prematuro atribuirle el resultado de una crisis de inseguridad construida durante años.
Pero desde el momento en que Keiko Fujimori colocó el orden y la seguridad como prioridades de su administración, también elevó las expectativas de una población cansada de vivir bajo amenazas.
El Plan Escudo representa una primera respuesta.
Las operaciones y capturas representan otra.
Ahora llegará la parte más difícil: demostrar que ambas pueden traducirse en una reducción sostenida de atentados, extorsiones y asesinatos.
Porque para un transportista que sale cada mañana sin saber si regresará a casa, para un comerciante que recibe una amenaza en su celular o para una familia que vive detrás de una reja por miedo a una granada, las estadísticas tienen poco valor si el miedo continúa.
La población ya no pregunta únicamente cuántos delincuentes fueron capturados.
Pregunta algo mucho más sencillo:
¿Cuándo podremos volver a trabajar sin pagar por seguir vivos?
