Escándalo en la ONPE: Detención de José Samamé por caos electoral apunta a red de corrupción con vínculos a Podemos Perú
La caída de Samamé y el contrato bajo sospecha
El último lunes, la Policía Nacional del Perú procedió con la detención de José Samamé Blas, el funcionario que estampó su firma para otorgar el servicio de transporte y despliegue de material electoral a la empresa Gálaga. Este contrato, que superó los S/6 millones 300 mil, es el centro de la tormenta tras el caos vivido el 12 de abril, cuando miles de peruanos no pudieron votar por falta de cédulas y equipos.
La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra Samamé por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contra el derecho al sufragio. Aunque Samamé presentó su renuncia tras el escándalo, la justicia ya ha programado el interrogatorio y la verificación de su domicilio como parte de las primeras diligencias para esclarecer por qué se contrató a una empresa que falló en una tarea crítica para la democracia.
El factor Phang: ¿La sombra de Podemos Perú?
La investigación de la Depincri sugiere que Samamé no actuó solo. En la mira se encuentra su subordinado directo, Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral y responsable de supervisar que Gálaga cumpliera con el contrato. Lo alarmante del perfil de Phang es que no es un desconocido para la justicia.
Según documentos judiciales, Phang Sánchez está acusado por la Fiscalía de integrar una organización criminal liderada por José Luna Gálvez (dueño de Podemos Perú). Se le señala como el encargado de presionar a otros funcionarios de la ONPE en 2018 para acelerar la inscripción de dicho partido. A pesar de que el Ministerio Público pide 22 años de cárcel contra Luna por este caso, Phang continuó laborando en el corazón operativo de la ONPE hasta este 2026.
Diligencias y nexos peligrosos
La disposición fiscal emitida el 13 de abril busca determinar si la ejecución del contrato con Gálaga fue una negligencia o un acto deliberado para afectar los comicios. Entre las acciones programadas figuran:
- Recabar el contrato íntegro y el plan operativo de la empresa Gálaga.
- Interrogar a Samamé para identificar si recibió órdenes superiores para favorecer a la transportista.
- Analizar la omisión de funciones de Juan Antonio Phang en la supervisión del despliegue.
El caso ha pasado de la Dirección contra la Corrupción a la Depincri del Centro de Lima, lo que indica un nivel de especialización mayor en la búsqueda de indicios de colusión. Con una inversión de más de 6 millones de soles desperdiciada en un servicio deficiente, la pregunta que hoy se hace el país es si la ONPE ha sido infiltrada por redes políticas para manipular la logística electoral.
