¿Premio consuelo? Rafael López Aliaga retiene el control del lujoso hotel de Machu Picchu hasta el 2028 tras fallo arbitral
El arbitraje de la victoria: Extensión por «fuerza mayor»
La disputa legal entre el Gobierno Regional del Cusco y la empresa Perú Belmond Hotels S.A. ha llegado a un punto de quiebre. Tras un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, un tribunal compuesto por Enrique Varsi, Javier Cavero-Egusquiza y Roberto Durand resolvió otorgar una prórroga de 33.6 meses a la concesionaria. Con este fallo, la administración del hotel, que originalmente debía concluir en junio de 2025, se extenderá oficialmente hasta el 23 de febrero de 2028.
El argumento vencedor de la empresa fue la «recuperación de tiempo» perdido. Perú Belmond Hotels alegó que factores externos, específicamente la pandemia del Covid-19 y las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, afectaron significativamente el periodo de operación otorgado hace tres décadas. Aunque la empresa solicitaba casi cinco años adicionales, el tribunal les concedió casi tres, asegurando que el lujoso recinto ubicado a pocos metros de la ciudadela inca permanezca bajo su mando.
El entramado de poder: Las acciones ocultas del candidato
Desde el inicio de su carrera política como alcalde de Lima y ahora como aspirante presidencial, Rafael López Aliaga ha intentado marcar una distancia formal con sus negocios. Su defensa legal, encabezada por Enrique Ghersi, sostiene que el candidato ya no es accionista ni director de Perú Belmond Hotels S.A. Sin embargo, la realidad corporativa revela una estructura mucho más compleja.
Si bien Belmond Hotels es la cara visible que opera el hotel, la titularidad de la concesión —otorgada originalmente en 1995 durante el gobierno de Alberto Fujimori— pertenece a Perú Holding de Turismo SAA (PHTSAA). Las investigaciones demuestran que López Aliaga es el accionista principal de este conglomerado. Documentos presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) confirman que PHTSAA posee las inversiones directas en el Sanctuary Lodge y que Belmond actúa únicamente como un «socio estratégico» y administrador.
Un contrato con raíces en el fujimorismo
La historia del Machu Picchu Sanctuary Lodge es una de las concesiones más longevas y polémicas del sector turismo. En 1995, la subsidiaria Perú Hotel S.A. firmó con el Estado peruano el contrato que entregaba este activo estratégico por 30 años. Desde entonces, López Aliaga ha tejido una red de empresas, incluyendo la creación en 1999 de Peru Orient Express Hotel, que eventualmente se fusionarían para formar la actual operadora.
A pesar de que el candidato omitió a PHTSAA en su Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría en 2024, sí mencionó a otras cinco empresas que, en conjunto, poseen el 83.13% de las acciones de dicho holding. Esta opacidad en la estructura de propiedad ha generado críticas sobre los posibles conflictos de interés que enfrentaría López Aliaga de llegar a la presidencia de la República este 2026.
El impacto político en plena campaña
Este «triunfo» empresarial no llega en cualquier momento. Con el contrato vencido técnicamente en mayo de 2025, la empresa ha logrado mantenerse operativa gracias a una medida cautelar del Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima, dándole el tiempo necesario para que el laudo arbitral finalmente le diera la razón.
Mientras los rivales políticos cuestionan la ética de mantener concesiones estatales siendo candidato, el sector empresarial observa cómo uno de los activos turísticos más rentables de la nación seguirá en manos del mismo grupo económico por dos años adicionales a lo previsto. El «Porky» de la política peruana parece haber asegurado su joya de la corona cusqueña mientras busca conquistar el Palacio de Gobierno.
