La educación peruana se hunde y el Gobierno no tiene rumbo!

Comienza un nuevo gobierno y, una vez más, la educación parece condenada a navegar sin brújula. No se advierte una política educativa capaz de explicar con claridad qué país se quiere construir desde las aulas ni cómo se corregirán los errores acumulados durante años.

Si la respuesta vuelve a ser administrar programas heredados, cambiar nombres y anunciar medidas coyunturales, estaremos ante la misma receta que ha producido los mismos resultados: brechas de aprendizaje, escuelas deterioradas y millones de estudiantes recibiendo una educación determinada más por el lugar donde nacieron que por sus capacidades y aspiraciones. Un gobierno que no coloca la educación en el centro de su proyecto nacional no está simplemente postergando una reforma: está hipotecando el futuro del país.

Pero hay un problema todavía más profundo: el Perú pretende educar a una nación profundamente diversa con decisiones excesivamente centralizadas. No se puede diseñar desde un escritorio en Lima una respuesta suficiente para las escuelas rurales altoandinas, la Amazonía, las zonas fronterizas o las ciudades que enfrentan dinámicas sociales completamente distintas.

La descentralización educativa no puede seguir reducida a transferir funciones administrativas mientras las decisiones estratégicas, los recursos y las prioridades permanecen concentrados. Las regiones necesitan capacidad real para diagnosticar sus problemas, formular políticas pertinentes, gestionar recursos y evaluar resultados, dentro de un marco nacional que garantice equidad y calidad. Descentralizar no significa fragmentar el sistema: significa dejar de confundir uniformidad con igualdad.

El nuevo gobierno tiene, por tanto, una responsabilidad que no admite excusas: definir una política educativa de Estado y convertir la descentralización en una herramienta efectiva de transformación. El país no necesita otra colección de promesas, programas pasajeros ni reformas que mueran con el siguiente cambio ministerial; necesita continuidad, evidencia, evaluación y decisiones que sobrevivan a los ciclos electorales. Si realmente se quiere cerrar las brechas, habrá que mirar más allá de Lima y reconocer que una política educativa nacional solo será legítima y eficaz cuando dialogue con las realidades regionales. La pregunta ya no es cuánto tiempo puede esperar la educación peruana. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a perder por no asumirla como una prioridad nacional.