El Gobierno de Keiko Fujimori avanzó este jueves en su intento por conseguir facultades legislativas, pero no en los términos que inicialmente había solicitado.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una fórmula de consenso para delegar facultades al Ejecutivo por 90 días calendario, exclusivamente en dos grandes materias:
seguridad ciudadana y atención frente al Fenómeno El Niño.
Esto significa que el Congreso no está entregando un cheque en blanco al Ejecutivo.
Y existe otra precisión importante: las facultades todavía no han sido otorgadas definitivamente, pues el dictamen aprobado en comisión debe continuar el procedimiento parlamentario correspondiente.
El Gobierno había pedido mucho más
La propuesta original presentada por el Ejecutivo era considerablemente más amplia.
Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitaron facultades durante 120 días para legislar mediante decretos legislativos sobre ocho grandes materias.
Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, asuntos tributarios y aduaneros, modernización del Estado, vivienda y saneamiento.
El pedido contenía además decenas de medidas específicas.
Después de semanas de cuestionamientos, buena parte de ese paquete quedó fuera de la fórmula aprobada este jueves.
¿Para qué sí podrían darle facultades?
El primer gran bloque es seguridad ciudadana.
Aquí se busca permitir al Ejecutivo adoptar determinadas medidas frente a la delincuencia y criminalidad, uno de los problemas que mayor presión política está generando actualmente sobre el Gobierno.
El segundo es la respuesta frente al Fenómeno El Niño, incluyendo medidas relacionadas con el fortalecimiento del Indeci y la atención del sector agrario.
El plazo también fue reducido: de los 120 días solicitados originalmente a 90 días.
¿Qué quedó fuera?
El recorte es políticamente importante.
No forman parte de esta fórmula varias reformas económicas y estructurales que el Ejecutivo pretendía realizar mediante decretos legislativos.
Quedaron fuera del acuerdo materias relacionadas con reforma laboral, MYPE, sistema tributario y aduanero, minería, hidrocarburos, electricidad, simplificación administrativa, modernización del Estado, servicio civil, vivienda y saneamiento, entre otras.
Es decir, si el Gobierno quiere avanzar con cambios en esas áreas, tendrá que recurrir a los mecanismos legislativos correspondientes y negociar nuevamente con el Congreso.
Del posible archivo a un acuerdo político
El resultado también muestra cuánto cambió la negociación.
El predictamen inicial de la Comisión de Constitución proponía archivar completamente el pedido del Gobierno, argumentando, entre otras razones, que varias de las materias solicitadas eran demasiado amplias y no estaban suficientemente delimitadas.
Después de dos días de debate, las bancadas buscaron una salida intermedia.
En lugar de rechazar todas las facultades o aprobar íntegramente lo solicitado por el Ejecutivo, se construyó una fórmula reducida alrededor de dos problemas considerados urgentes.
Keiko consigue avanzar, pero con límites
Políticamente, el acuerdo deja una fotografía interesante de la relación entre Palacio de Gobierno y el nuevo Congreso bicameral.
El Ejecutivo buscaba una autorización amplia para impulsar parte de sus reformas sin tener que aprobar individualmente cada iniciativa en el Parlamento.
La Comisión de Constitución optó por restringir ese margen.
El Gobierno podría conseguir finalmente facultades, pero con menos tiempo y sobre muchas menos materias de las que solicitó originalmente.
Ahora el debate se trasladará a la siguiente etapa parlamentaria.
Y allí se determinará si la fórmula de consenso se mantiene o vuelve a modificarse.
Por ahora, una cosa queda clara: las facultades que busca recibir Keiko Fujimori no son para legislar sobre todo su paquete de reformas. El acuerdo alcanzado en comisión limita la delegación a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.
