¡Sismo Y Realidad! Junín Descubre La Fragilidad De Su Infraestructura Educativa
Los recientes sismos que sacudieron Junín han hecho visible una amenaza que durante años permaneció bajo los escombros de la indiferencia: la vulnerabilidad de parte de la infraestructura educativa. El movimiento sísmico del 18 de julio de 2026, de magnitud 5,4 y con epicentro en Chongos Bajo, provocó afectaciones en instituciones educativas y obligó al Estado a realizar inspecciones y adoptar medidas para garantizar la continuidad de las clases (INDECI, 2026; PRONIED, 2026). Posteriormente, PRONIED informó que inspeccionó 45 locales educativos de la región para evaluar daños. La pregunta ya no es si nuestras escuelas están preparadas para un sismo mayor, sino cuánto tiempo más podemos esperar para ponerlas en condiciones seguras. Un país que conoce su vulnerabilidad sísmica no puede administrar la infraestructura escolar como si el desastre fuera una sorpresa.
Aquí existe una responsabilidad que no puede diluirse entre oficinas, expedientes y competencias administrativas. Los gobiernos nacional, regional y local, dentro de sus respectivas atribuciones, deben asumir una política permanente de prevención, mantenimiento, rehabilitación y renovación de los locales escolares. La respuesta de emergencia —como la instalación de aulas temporales para estudiantes afectados— es necesaria, pero no puede convertirse en la solución definitiva. El Minedu ha instalado aulas temporales en Junín para asegurar el retorno seguro de estudiantes afectados por el sismo. Si cada emergencia termina obligando a improvisar aulas, trasladar estudiantes o reparar daños, entonces estamos llegando tarde. La verdadera gestión pública no consiste en reconstruir después del desastre, sino en evitar que una infraestructura vulnerable se convierta en una tragedia.
Lo más preocupante es que esta realidad revela un problema mayor: la educación todavía no ocupa, en la práctica, el lugar prioritario que merece en la agenda pública. Una escuela segura no es un lujo ni una obra ornamental; es una condición mínima para garantizar el derecho a aprender. Por eso, Junín necesita un plan verificable de infraestructura educativa: identificar locales críticos, priorizar los de mayor riesgo, asignar presupuesto, acelerar expedientes y establecer responsabilidades y plazos públicos. No esperemos un terremoto más fuerte para descubrir que una pared podía caer, que un aula debía ser reemplazada o que una escuela llevaba años esperando. El sismo ya dio la advertencia; ahora corresponde a las autoridades demostrar que fueron capaces de escucharla. Porque si proteger a nuestros estudiantes no es una prioridad, ¿qué puede serlo?
